Temen que dejarán de recaudar miles de millones de euros si el Tribunal de Justicia de la UE sigue el consejo de su Abogado General y se impone el derecho de las empresas a deducir sus pérdidas en el extranjero.
La alarma ha sonado en muchos países de la Unión Europea (UE) ante la posible pérdida de miles de millones de euros de recaudación fiscal que puede derivarse de la decisión que adopte el Tribual de Justicia de la UE en relación con la fiscalidad de sociedades entre empresas matrices y filiales, instaladas en distintos Estados miembros de la Unión.
Las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Marks&Spencer, justificando que las empresas puedan compensar las pérdidas de sus filiales en otros Estados miembros, abre la posibilidad de que se modifique la fiscalidad de las empresas de la UE y de paso que se reduzcan de manera sustancial los ingresos fiscales de muchos Estados miembros de la Unión.
Esta visión de la situación en el Mercado Interior de la UE tiene que ser todavía confirmada por el Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia que tardará todavía varios meses en llegar –se estima entre cuatro y seis meses–. Pero las alarmas ya han empezado a funcionar. Es poco probable que la sentencia no siga las orientaciones del Abogado General, ya que, aunque el Tribunal no tiene obligación de seguirlas, se estima que, en casi 90% de los casos, lo hace.
Problemas presupuestarios
Las reacciones a esta posible revolución en la fiscalidad de las empresas de la Unión ha venido sobre todo de los países con problemas presupuestarios, de los ministros de Finanzas de Suecia, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido, que aseguraron que harán todo lo necesario para mantener sus ingresos fiscales.
En líneas generales, la decisión del Abogado General del Tribunal de la Unión Europea se interpreta como una pérdida de ingresos fiscales, al autorizar que la empresa matriz pueda compensar las pérdidas de sus filiales en otros Estados miembros de la UE. Sin embargo, esto puede ser atenuado, ya que en sus conclusiones subraya que “la concesión de la desgravación debe estar supeditada al requisito de que las pérdidas de las filiales no pueden recibir un trato fiscal ventajoso en el Estado de residencia”. Pero, al fin y al cabo, constituye una disminución de ingresos fiscales, pues hasta ahora no podían compensarse las pérdidas de las filiales.
Solo tres países, Austria, Dinamarca e Italia, permiten soluciones de este tipo por lo que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, en total otros 22, pueden perder potencialmente ingresos fiscales muy importantes si sale adelante la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del caso Marks&Spencer. No sería extraño, por lo tanto, que los ministros de Economía y Finazas de la UE que se reúnen este lunes y martes en Luxemburgo intercambien opiniones al respecto.
El Gobierno más directamente afectado por este caso, el de Reino Unido, reaccionó ayer con cautela. Aseguró que sólo considerará las implicaciones de este asunto cuando la decisión sea definitiva y que hará todo lo necesario para asegurarse de que las empresas no usan esas reglas para evitar el pago de impuestos.
Aunque no hay estimaciones oficiales de lo que esto puede representar en pérdidas para las administraciones fiscales, Morgan Stanley estima que en Reino Unido unas 15 sociedades han presentado recursos en los tribunales, similares al de Marks&Spencer, y reclaman poder compensar pérdidas por valor de unos 1.400 millones de euros.
En los Estados miembros de la Unión más afectados por las posibles consecuencias que están todavía por llegar, pues por ahora se trata sólo de especulaciones, temen sobre todo por que se puedan hacer operaciones para compensar las pérdidas que no estén vinculadas con las empresas. Fuentes del Ministerio de Finanzas holandés evalúan las posibles perdidas por las decisiones relacionadas con este asunto en cientos de millones de euros debido a la reducción de ingresos fiscales.
Fuente: Expansión
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